La reciente postura del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, al frenar el traslado del ex presidente panameño Ricardo Martinelli a su país como asilado político, ha sido interpretada en Panamá como un acto de «chantaje». Analistas y políticos panameños consideran que Managua está condicionando la recepción de Martinelli a cambio de apoyo en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
El 31 de marzo de 2025, cuando todo estaba preparado para que Martinelli, de 73 años y refugiado en la embajada nicaragüense desde febrero de 2024, viajara a Nicaragua, la vicepresidenta Murillo anunció que no lo recibirían hasta que se aclarara una supuesta alerta roja de Interpol en su contra. Las autoridades panameñas ya habían aclarado que dicha alerta no existía por ser improcedente.
Además, el régimen nicaragüense acusó al gobierno del presidente José Raúl Mulino de mantener una «conducta contradictoria» en el caso Martinelli y de «difamar» a Nicaragua. También señalaron que Panamá, en complicidad con otros países, bloquea el derecho de Nicaragua a asumir la secretaría del SICA, vacante desde la renuncia de Werner Vargas en noviembre de 2023.
El diario panameño La Prensa expresó en su editorial que el régimen nicaragüense, «que no respeta los derechos humanos ni el Estado de derecho y cuyas autoridades carecen de legitimidad», intenta «chantajear a Panamá con el SICA, buscando imponer figuras que no comparten los valores democráticos».
José Isabel Blandón, presidente del Partido Panameñista y ex alcalde de la Ciudad de Panamá, comentó que parece que Nicaragua está diciendo: «yo le estoy haciendo un favor a Panamá aceptando a Martinelli acá, entonces favor con favor», refiriéndose a la situación del SICA. Blandón agregó que sería un error que Panamá ceda ante este tipo de chantajes y enfatizó que lo correcto desde el punto de vista de la justicia es que Martinelli cumpla su condena en Panamá.
Numerosos políticos y activistas panameños han criticado que el gobierno de Mulino, correligionario de Martinelli, concediera el salvoconducto al ex mandatario, considerando que ha sido condenado por un delito común, como es el blanqueo de capitales, mediante una sentencia ratificada en todas las instancias pertinentes. Acusan que esta acción favorece la impunidad.
Ante la postura de Nicaragua, la Cancillería de Panamá anunció la noche del lunes que el salvoconducto otorgado el 27 de marzo y que venció ese día, fue prorrogado 72 horas, hasta el final del día jueves 3 de abril, «tomando en cuenta causas imprevistas y la necesidad de contar con un plazo razonable para la ejecución del traslado» de Martinelli.
Luis Eduardo Camacho, portavoz de Martinelli y diputado por su partido Realizando Metas, indicó que el ex presidente está «listo» para viajar a Nicaragua y que solo espera que «se den las condiciones» para hacerlo.
La situación ha generado tensiones diplomáticas entre Panamá y Nicaragua, evidenciando las complejidades políticas y legales que rodean el caso de Martinelli y las relaciones bilaterales en la región.
Fuente: Infobae
