El Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lanzaron un programa piloto que vincula los registros fiscales con datos migratorios para identificar a migrantes indocumentados con deudas tributarias. La medida, activa desde el 1 de abril en Texas, Arizona y Florida, busca recuperar $3.800 millones en impuestos no pagados, según documentos internos obtenidos por The New York Times. Autoridades argumentan que «el cumplimiento fiscal es universal», pero defensores de migrantes la califican de «trampa para deportaciones masivas».
Bajo el programa, el IRS comparte información de declaraciones presentadas con ITIN (Número de Identificación Fiscal Individual) —usado por indocumentados— que muestren discrepancias mayores a $10.000. El ICE cruza estos datos con direcciones, empleadores y registros de vehículos para ubicar a los deudores. En los primeros 10 días, 47 personas fueron detenidas durante «revisiones fiscales» que derivaron en órdenes de deportación. «Pagamos impuestos como todos, pero ahora nos usan contra nosotros», denunció María González, empleada doméstica en Houston que recibió una citación.
La ley estadounidense permite que migrantes sin estatus legal paguen impuestos, y muchos lo hacen para acceder a créditos como el Child Tax Credit. Sin embargo, el nuevo protocolo elimina la separación tradicional entre IRS e ICE. «Es una violación a la confidencialidad fiscal con fines de control migratorio», sostuvo el abogado de derechos civiles Alejandro Ruiz. La administración Biden defiende el plan: «Quienes se benefician de servicios públicos deben cumplir sus obligaciones», declaró la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
Opositores señalan contradicciones: en 2024, los contribuyentes con ITIN aportaron $9.800 millones en impuestos federales. «Este enfoque criminaliza a quienes ya contribuyen», advirtió la Coalición por los Derechos Migratorios. Mientras, expertos legales anticipan demandas. «El IRS no tiene autoridad para compartir datos con ICE sin orden judicial», afirmó la profesora de derecho Emily Tucker de la Universidad Georgetown.
El debate llega en un año electoral: republicanos presionan por más deportaciones, mientras demócratas divididos temen perder apoyo latino. Con 11 millones de indocumentados en EE.UU., el programa podría expandirse a otros 12 estados para octubre.
Fuente: The New York Times en Español
