Trump evalúa suspender el habeas corpus para deportaciones masivas: ¿Legalidad o sobrepaso constitucional?
El gobierno de Donald Trump está analizando suspender el derecho constitucional del habeas corpus —mecanismo que permite impugnar detenciones ante un juez— como parte de su estrategia para acelerar deportaciones de migrantes indocumentados. Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, confirmó que esta medida se justificaría bajo el argumento de una «invasión» en la frontera sur, citando la Cláusula de Suspensión de la Constitución que solo permite su aplicación en casos de «rebelión o invasión» .
La iniciativa, revelada en documentos internos, busca eludir los obstáculos judiciales que han frenado políticas migratorias previas, como el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, rechazada por tribunales por considerar que no existe una «invasión armada» en curso . Miller insistió en que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 permite transferir jurisdicción de casos migratorios a tribunales controlados por el Ejecutivo, minimizando la intervención judicial .
Antecedentes históricos y desafíos legales
El habeas corpus se ha suspendido cuatro veces en EE.UU., siempre con aval del Congreso: durante la Guerra Civil, la Reconstrucción, en Filipinas (1905) y tras Pearl Harbor (1941) . Expertos como Amy Coney Barrett, antes de ser jueza de la Corte Suprema, sostienen que solo el Legislativo puede autorizar su suspensión . Sin embargo, Trump apuesta a una interpretación expansiva del término «invasión», equiparando la migración irregular con una amenaza bélica.
Jueces federales ya han bloqueado intentos similares, como la deportación expedita de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador, al considerar que no hay bases para declarar una invasión . Organizaciones de derechos advierten que suspender este derecho eliminaría el debido proceso, permitiendo detenciones indefinidas sin revisión judicial .
Impacto político y social
La medida reabre debates sobre el equilibrio entre seguridad nacional y libertades civiles. Mientras simpatizantes de Trump celebran su firmeza migratoria, críticos señalan riesgos: familias separadas, crisis humanitarias y un precedente peligroso para otros derechos constitucionales . Además, enfrentaría resistencia logística: el ICE solo tiene capacidad para 41,500 detenidos, y países como Venezuela o Cuba se niegan a recibir deportados .
Analistas legales como Joseph Nunn (Centro Brennan) reconocen que, aunque técnicamente posible, su implementación sería caótica y enfrentaría demandas inmediatas. «Es una apuesta por crear hechos consumados antes de que los tribunales actúen», afirmó .
Fuente: AP News
