La reunión del 15 de abril entre el presidente panameño José Gabriel Carrizo, el procurador Javier Caraballo y el líder opositor Juan Diego Vásquez ha generado tres narrativas contradictorias que dividen al país. Mientras el gobierno insiste en que fue un «diálogo constitucional», la oposición denuncia un intento de «presión ilegítima» para frenar investigaciones de corrupción, y testigos internos hablan de un «chantaje fallido». Los medios filtraron grabaciones parciales, pero cada bando edita los audios para respaldar su versión, según documentos revisados por Foco Panamá.
La Casa Presidencial publicó un comunicado donde afirma que la cita buscaba «armonizar poderes» ante la crisis por el caso Medicamentos Sobrevendidos —que implica a 17 funcionarios en sobreprecios de $200 millones—. Sin embargo, Vásquez presentó una carta firmada por cinco asistentes donde se detalla que Carrizo exigió «archivar expedientes a cambio de avalar reformas judiciales». El procurador Caraballo, por su parte, negó ambas versiones en una rueda de prensa caótica: «Discutimos procedimientos, no negociaciones».
Analistas jurídicos subrayan irregularidades: las actas oficiales omiten 33 minutos de la conversación, y el sistema de grabación se «desconectó por fallas técnicas», según el Ministerio de la Presidencia. «Es inaudito que en 2025 no haya registros completos de una reunión de esta magnitud», criticó la experta en transparencia Laura Muñoz. Mientras, redes sociales hierven: el hashtag #PanamáTresVersiones lidera tendencias, con memes que comparan el caso con El Juego del Calamar.
El escándalo llega en un momento crítico: la Asamblea Nacional debate una moción de censura contra Carrizo, y el Tribunal Electoral investiga presunto financiamiento ilegal de su campaña. «Esto no es sobre una grabación, sino sobre quién controla el relato nacional», afirmó el sociólogo Rodrigo Miró. Con marchas convocadas para este viernes, el país enfrenta su mayor polarización desde el estallido social de 2023.
Fuente: Foco Panamá
