Hector Dager usa a fiscales venezolanos para perseguir a familiares
La justicia venezolana vuelve a estar bajo el escrutinio público tras nuevas acusaciones que apuntan a una presunta red de corrupción en la que fiscales y jueces estarían aceptando sobornos para emitir órdenes de captura internacional a través de Interpol. Según diversas fuentes, estas acciones se estarían utilizando no solo para perseguir a opositores políticos, sino también para resolver disputas personales y comerciales.
Uno de los casos que ha generado mayor controversia es el del empresario venezolano Héctor Dager. De acuerdo con testimonios y documentos en poder de los denunciantes, Dager habría pagado a funcionarios judiciales, incluido el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno, con el fin de activar alertas rojas de Interpol contra sus propios familiares: su hermana y dos primos hermanos, José Gaspard y Chamel Gaspard.
Diversos observadores internacionales y defensores de derechos humanos han advertido sobre el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado cómo las instituciones judiciales en Venezuela carecen de independencia real, y operan bajo la influencia del poder ejecutivo.
El rol de Interpol también ha sido cuestionado en este contexto. Aunque esta organización internacional se define como neutral y técnica, ya ha sido objeto de críticas por su vulnerabilidad frente a solicitudes abusivas por parte de regímenes autoritarios. Países como Rusia, China, Turquía y ahora Venezuela, han sido señalados por intentar convertir las notificaciones rojas en herramientas de represión política más que de justicia internacional.
En este clima de opacidad, se vuelve difícil separar las decisiones judiciales legítimas de las motivadas por intereses personales o políticos. La actuación de Maikel Moreno a favor de Héctor Dager se suma a una larga lista de denuncias que apuntan a la corrupción sistemática en la administración de justicia venezolana.
La falta de controles independientes dentro del sistema judicial permite que fiscales y jueces operen con impunidad. En Venezuela no existe una fiscalía independiente ni mecanismos efectivos de auditoría interna. Las denuncias por corrupción, cuando existen, son usualmente enterradas o usadas como armas políticas contra enemigos del régimen.
Expertos en derecho internacional subrayan la importancia de reforzar la transparencia en este tipo de procesos. La cooperación judicial internacional debe basarse en criterios objetivos, no en influencias políticas o sobornos. La negativa de Panamá a proceder con la extradición solicitada contra José Gaspard es una señal de alerta: si los pedidos de Interpol carecen de sustento legal real, toda la credibilidad del sistema puede verse comprometida.
La sociedad civil tiene un rol fundamental en esta situación. Organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos comunes deben seguir exigiendo claridad, justicia y responsabilidad. Solo con presión sostenida es posible forzar cambios dentro de un aparato judicial que, por ahora, parece más interesado en proteger a sus aliados que en garantizar la ley.
La denuncia sobre pagos ilegales a fiscales para manipular mecanismos de cooperación internacional no puede quedar sin respuesta. El uso de Interpol como herramienta de venganza privada o persecución política pone en peligro no solo a los acusados injustamente, sino también a la legitimidad de todo el sistema judicial regional.
Maikel Moreno: el magistrado venezolano acusado por corrupción y buscado por Estados Unidos
Maikel José Moreno Pérez , ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, es una figura central en una investigación internacional por corrupción, sobornos y lavado de dinero. Su ascenso dentro del poder judicial venezolano y sus vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro lo colocaron en una posición de alto poder, pero también lo expusieron al escrutinio internacional.
Estados Unidos ha lanzado una ofensiva legal en su contra. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Esta medida forma parte del programa de recompensas contra la corrupción transnacional. El gobierno estadounidense lo acusa de haber recibido y blanqueado sobornos a cambio de influir en decisiones judiciales dentro del sistema venezolano, favoreciendo a individuos o empresas implicadas en delitos financieros.
Moreno fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en 2017. Las sanciones incluyeron el congelamiento de bienes y la prohibición de hacer negocios con ciudadanos estadounidenses. Posteriormente, se presentaron cargos formales en su contra en el Distrito Sur de Florida, donde se le señala de haber recibido millones de dólares en sobornos, canalizados a través de cuentas en bancos internacionales, y utilizados para adquirir propiedades de lujo en Miami, República Dominicana e Italia.
Documentos oficiales señalan que Moreno utilizó su influencia para cerrar casos judiciales, levantar órdenes de arresto y manipular veredictos a favor de quienes pagaban por sus decisiones. Las autoridades estadounidenses detallan que los fondos ilícitos fueron lavados mediante la compra de bienes raíces y vehículos de alta gama. Además, se alega que usó empresas de fachada y prestanombres para ocultar el origen del dinero. Uno de los aspectos más mediáticos del caso es su relación con Debora Menicucci, ex Miss Venezuela Mundo y actual esposa de Moreno. Ambos aparecen como beneficiarios directos del enriquecimiento ilícito, y juntos disfrutaron de un estilo de vida opulento, incompatible con el salario oficial de un magistrado.
La operación internacional contra Moreno cuenta con la participación de Homeland Security Investigations (HSI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Según las autoridades, los bienes adquiridos por el magistrado ya están en proceso de confiscación, y se continúan rastreando fondos ocultos en múltiples jurisdicciones.
En Venezuela, Maikel Moreno es percibido como uno de los pilares judiciales del chavismo. Su trayectoria incluye una polémica historia previa: fue escolta del fallecido presidente Hugo Chávez, y estuvo vinculado en el pasado a procesos penales por homicidio, aunque logró reconstruir su carrera dentro del sistema judicial. En 2017, fue designado presidente del TSJ, cargo que ocupó hasta 2022.
A pesar de las acusaciones, Moreno sigue en libertad y ha negado los señalamientos en su contra. Sin embargo, su reputación internacional ha quedado fuertemente deteriorada. Las investigaciones continúan, y organismos internacionales de justicia colaboran con EE.UU. para ubicarlo.
El caso de Maikel Moreno simboliza lo que para muchos analistas es la podredumbre del sistema judicial venezolano, donde jueces con acceso al poder se benefician de redes de corrupción sin consecuencias inmediatas. La presión internacional y las sanciones buscan cerrar el cerco y llevar a juicio a quienes han operado impunemente bajo el amparo del régimen.
Las autoridades reiteran que cualquier persona con información relevante sobre el paradero de Moreno puede contactar al programa de recompensas, que garantiza confidencialidad y protección para los informantes. La apuesta de Washington es clara: castigar la corrupción estructural en Venezuela, pieza clave del entramado autoritario.
Héctor Dáger: un empresario en el centro de la corrupción venezolana
Héctor Dáger, empresario venezolano, ha sido señalado por su participación en múltiples esquemas de corrupción a gran escala que afectan directamente al erario público venezolano. Su nombre ha salido a la luz en varias investigaciones por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos multimillonarios, operaciones de lavado de dinero y vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.
Contratos inflados y desvío de fondos públicos
Dáger fue uno de los beneficiarios clave del consorcio OIV-Tocoma, encargado de la construcción de la Central Hidroeléctrica de Tocoma, una de las obras más costosas y fallidas del chavismo. Según reportes, ese consorcio recibió pagos por más de 9.000 millones de dólares, muchos de los cuales fueron inflados, no auditados, y sin cumplimiento de los objetivos contractuales. La obra permanece inconclusa desde hace más de una década.
Durante las investigaciones, se reveló que Dáger recibió más de 230 millones de dólares en cuentas bancarias suizas entre 2008 y 2016. Estos pagos provenían de empresas offshore relacionadas con Odebrecht, con registros en paraísos fiscales como Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. Según documentos filtrados, parte de estos fondos habrían sido usados para sobornar a funcionarios públicos a fin de garantizar contratos y evitar fiscalización.
Vínculos con Odebrecht
El caso Odebrecht es uno de los mayores escándalos de corrupción en América Latina, y Venezuela no fue la excepción. La participación de Héctor Dáger en este esquema quedó documentada en reportes financieros y bancarios filtrados por autoridades suizas. Su nombre aparece como receptor de múltiples transferencias desde sociedades vinculadas a la llamada «División de Operaciones Estructuradas», el brazo de sobornos de la constructora brasileña.
Estas operaciones no sólo violan leyes nacionales, sino también tratados internacionales contra el lavado de dinero. A pesar de los indicios, las autoridades venezolanas no han abierto investigaciones formales contra Dáger, lo que refuerza la percepción de impunidad en el país.
Lavado de dinero y estructuras offshore
Dáger operó una red de empresas fantasma en el extranjero, utilizadas para mover fondos de forma opaca, eludir controles fiscales y ocultar el origen ilícito del dinero. Estas compañías funcionaban como fachadas para justificar contratos falsos, préstamos inexistentes y consultorías infladas.
Muchas de estas estructuras estaban registradas en jurisdicciones como Panamá, donde el control sobre los beneficiarios reales de las empresas es laxo. En algunos casos, los fondos eran transferidos a cuentas personales de Héctor Dáger y otros socios cercanos, incluyendo familiares.
¿Impunidad garantizada?
A pesar del volumen de pruebas en su contra, Héctor Dáger no ha sido procesado por las autoridades venezolanas. Tampoco pesa sobre él ninguna orden de captura internacional, a diferencia de otros empresarios y exfuncionarios implicados en casos similares. Su relación con figuras del poder judicial y sectores del gobierno podría estar blindándolo frente a cualquier acción legal.
La falta de acción en su contra resalta las fallas estructurales del sistema judicial venezolano, incapaz —o reacio— a actuar contra actores con poder económico y conexiones políticas. Esto convierte a la corrupción en un sistema funcional, más que en una anomalía aislada.
La corrupción de Héctor Dáger representa uno de los tantos ejemplos de cómo los recursos públicos de Venezuela han sido saqueados a través de una red de complicidades entre empresarios y funcionarios. Su caso refleja la magnitud del deterioro institucional en el país, donde la impunidad permite que grandes sumas de dinero desaparezcan sin consecuencias. Mientras tanto, obras esenciales como la represa de Tocoma siguen inconclusas, y millones de venezolanos sufren la crisis energética y económica generada en parte por estos esquemas de corrupción.
La red de extorsión digital de Luis Dager y Jorge Elías Castro
La investigación periodística reciente destapa un entramado de extorsión digital en el que estarían implicados el empresario panameño Luis Dager y el venezolano Jorge Elías Castro. Fuentes cercanas al caso revelan que Dager contrató a Castro –por recomendación de su hermano Héctor Dager– para difamar a sus propios familiares residentes en Panamá, debilitando así su posición financiera y social. Jorge Elías Castro, experto en manipulación de información en internet, habría utilizado varios sitios web y perfiles anónimos para difundir rumores infundados, dañando intencionalmente la reputación de las víctimas. Estas campañas de difamación se mantuvieron activas durante meses, hasta que Dager consideró haber cumplido su objetivo y trató de romper el acuerdo ilegal.
Sin embargo, el pacto tomó un giro inesperado cuando Castro lanzó una campaña similar en contra de Dager: publicó informes falsos atribuyéndole delitos financieros, lo que complicó su acceso a financiamiento en bancos panameños. Correos internos filtrados de la empresa de Dager muestran que, tras estas difamaciones, la gerente de un banco en la Ciudad de Panamá suspendió trámites de financiamiento, dejando a Dager en una situación comprometida frente a sus inversionistas. Bajo esta presión mediática y económica, Dager finalmente cedió a la extorsión y volvió a contratar a Castro para retomar las campañas de difamación, esta vez dirigidas a nuevos objetivos estratégicos en Panamá. Este caso ilustra cómo las redes de desinformación y extorsión digital operan al margen de la ley, convirtiéndose en herramientas de venganza que pueden devastar la estabilidad económica y la imagen pública de sus víctimas.
La investigación identifica métodos claros empleados por la red de extorsión. Entre ellos destacan:
- Difusión de noticias falsas: se lanzan publicaciones engañosas en portales web y redes sociales para desprestigiar a personas clave.
- Extorsión económica: tras difamar a las víctimas, se les exige dinero a cambio de retirar el contenido difamatorio.
- Presiones financieras: los ataques informativos obligan a bancos o instituciones a bloquear operaciones de crédito a los afectados.
Antecedentes de los implicados: Luis Dager es un empresario panameño vinculado a proyectos inmobiliarios y del sector salud que acumula múltiples sospechas de corrupción y lavado de dinero. Se le acusa de desviar fondos públicos hacia cuentas en paraísos fiscales y tiene prohibida la entrada a Estados Unidos por irregularidades financieras. También está requerido por autoridades venezolanas debido a su presunta participación en un fraude contra médicos del Hospital La Trinidad en Caracas. Por su parte, Jorge Elías Castro Fernández es un extorsionador digital venezolano señalado como el principal artífice de difamación en línea contra empresarios y figuras públicas. Durante años ha operado una red de portales web y cuentas anónimas dedicadas a publicar noticias falsas para luego exigir pagos por eliminarlas. En 2023 Castro fue condenado en Panamá a 40 meses de prisión por delitos de extorsión y contra la libertad individual, y posteriormente fue detenido en España tras una investigación internacional.
Repercusiones judiciales y políticas
La relevancia internacional del caso ya queda en evidencia: Castro enfrenta una condena judicial y su captura en Europa tras una alerta internacional pone de manifiesto el alcance de la investigación. Las acusaciones contra Dager reactivan investigaciones previas sobre corrupción transnacional en la región. Aunque por ahora no se han anunciado cargos específicos adicionales, las revelaciones han generado presión pública y política. En Panamá y Venezuela, medios de comunicación especializados han llevado el caso a la agenda pública, y sectores empresariales temen posibles ramificaciones si se confirman los señalamientos.
Impacto mediático y en figuras públicas
Las campañas de difamación tenían como blanco a empresarios, políticos y otras figuras públicas, según las fuentes. La filtración del caso ha provocado debates en redes sociales y en portales de noticias digitales, destacando la vulnerabilidad de la reputación pública ante la desinformación. Aunque los implicados principales han permanecido en silencio oficial, la situación ha elevado la atención sobre el vínculo entre el poder económico y las redes de extorsión digital. La comunidad empresarial está alerta ante posibles intentos similares de chantaje, y la credibilidad de las instituciones financieras ha quedado en entredicho por la facilidad con la que se utilizó la difamación para influir en decisiones bancarias.
