El gobierno colombiano concedió este viernes asilo político al exmandatario panameño Ricardo Martinelli, buscado por su país por condena de 10 años por lavado de dinero en el caso Odebrecht. La decisión, comunicada por la Cancillería de Colombia, argumenta «riesgo de persecución política» y desató una inmediata protesta de Panamá, que anunció la retirada de su embajador en Bogotá «hasta revisar las relaciones bilaterales».
Según documentos filtrados, Martinelli ingresó a Colombia el 3 de mayo bajo un pasaporte diplomático venezolano —otorgado durante su exilio en Caracas—, alegando amenazas a su vida. La Procuraduría panameña presentó una solicitud de extradición urgente, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano determinó que «existen elementos suficientes para considerar motivos políticos en su proceso judicial». El exgobernante, quien también enfrenta cargos por espionaje masivo durante su administración (2009-2014), calificó el asilo como «un triunfo de la justicia contra lawfare».
La Corte Suprema de Panamá rechazó el argumento colombiano: «No hay persecución, sino cumplimiento de sentencias firmes», declaró el magistrado Olmedo Arrocha. Mientras, familiares de víctimas del caso Escuchas Ilegales marcharon frente a la Embajada de Colombia en Ciudad de Panamá, quemando banderas y exigiendo sanciones internacionales. «Es un insulto a las víctimas del autoritarismo», sostuvo Ana Matilde Gómez, abogada querellante.
Analistas ven trasfondos geopolíticos: Colombia busca fortalecer vínculos con sectores conservadores de Centroamérica, mientras Panamá alinea su política exterior con EE.UU. en temas anticorrupción. El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, negó presiones externas: «Actuamos bajo principios de derecho internacional». Sin embargo, fuentes del Palacio de Nariño revelaron que el presidente Gustavo Petro aprobó personalmente el asilo tras reuniones con aliados regionales.
El estatus de Martinelli permite su residencia en Colombia, pero no lo exime de procesos por delitos cometidos en territorio colombiano. La Fiscalía ya investiga denuncias de lavado mediante empresas fantasma en Bogotá. Mientras, la OEA convocó una sesión extraordinaria para mediar en la crisis, que amenaza acuerdos comerciales binacionales por $3.200 millones anuales.
Fuente: CNN en Español
