El presidente panameño José Raúl Mulino aclaró este viernes que su gobierno «no contempla, por ahora, suspender garantías constitucionales», pero lanzó una severa advertencia durante una reunión con empresarios en el Hotel Riu Plaza: «Hay sectores que están tirándole a matar a nuestra democracia con bloqueos y acciones desestabilizadoras. No lo permitiremos». La declaración llega tras una semana de protestas lideradas por sindicatos y grupos indígenas contra la reforma al Código Fiscal, que incluye aumentos de impuestos a la clase media y elimina exenciones a grandes corporaciones.
Mulino detalló que, aunque la Constitución permite restringir derechos bajo «estado de urgencia» (Artículo 55), su administración priorizará el diálogo. Sin embargo, enfatizó que el Ministerio de Seguridad mantendrá operativos «sin tregua» para despejar vías bloqueadas, tras reportes de que los cierres en Chiriquí y Veraguas han generado pérdidas por $200 millones en el sector agroexportador. «Usaremos todos los recursos legales, pero sin exceder los marqueses constitucionales», afirmó, rodeado de miembros de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).
El mandatario reveló inteligencia sobre infiltración en las protestas: «Tenemos reportes de que grupos externos, posiblemente vinculados al narcotráfico, financian a manifestantes para crear caos». Aunque no presentó pruebas, citó el decomiso de $500.000 en efectivo y armas no registradas durante allanamientos en Darién. La oposición rechazó las acusaciones: «Es una narrativa peligrosa para criminalizar la protesta legítima», denunció el diputado independiente Juan Diego Vásquez.
Medidas y reacciones
- Refuerzo de la Policía Nacional: 2.000 agentes adicionales patrullan la Vía Interamericana y el Corredor Sur.
- Censura a medios: El gobierno cuestionó a periodistas por «amplificar mensajes de los bloqueos», según declaraciones del ministro de Comunicación, Carlos Staff.
- Presión internacional: La CIDH solicitó informes sobre presuntas detenciones arbitrarias, mientras la ONU instó a «canalizar el descontento sin represión».
El secretario general de la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP), Eduardo Gil, calificó las palabras de Mulino como «un guion de dictadura suave»: «Habla de diálogo, pero reprime. Quiere imponer reformas neoliberales a costa del pueblo». Mientras, la Defensoría del Pueblo confirmó 45 heridos y 120 detenidos en choques recientes, y alertó sobre uso excesivo de gases lacrimógenos en áreas residenciales.
Mulino cerró su intervención con un llamado a la «corresponsabilidad»: «Si las protestas cesan, retiraremos el aumento al IVA de la canasta básica». La propuesta divide a los manifestantes: algunos gremios la ven como triunfo, pero líderes indígenas exigen la derogación total de la Ley 812.
Fuente: La Prensa
