El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lanzó un contundente mensaje durante un acto en la provincia de Chiriquí este jueves: «No permitiremos que grupos minoritarios paralicen el país con bloqueos ilegales. A cualquier costo, mantendremos las vías abiertas y garantizaremos el orden constitucional». La declaración, dirigida a sindicatos y organizaciones que amenazan con protestas masivas contra la reforma fiscal, llegó horas después de que el Ministerio de Seguridad desplegara 1.500 agentes en puntos críticos de la Vía Interamericana y el Corredor Sur.
El mandatario, acompañado del ministro de Economía, Jorge González, justificó la postura al citar pérdidas de $120 millones diarios durante los bloqueos de 2024. «No podemos repetir el caos que ahuyentó inversiones y dejó sin medicinas a hospitales. La protesta es un derecho, pero el sabotaje es un delito», enfatizó. Las palabras de Mulino responden al llamado de la Alianza Nacional por la Dignidad (ANADE) a un paro nacional el próximo 28 de mayo, en rechazo al aumento del IVA a productos básicos incluido en el proyecto de Ley 812.
Según datos de la Autoridad de Tránsito, las protestas recientes en Bocas del Toro y Veraguas ya han interrumpido el tránsito de 8.000 camiones de carga, afectando exportaciones bananeras y el suministro de combustible en áreas rurales. «Cada hora de bloqueo cuesta $5 millones al sector logístico. No hay margen para tolerancias», advirtió el titular de la Cámara de Comercio, Jean-Pierre Leignadier.
La estrategia gubernamental incluye:
- Refuerzo del SENAFRONT: Patrullajes con drones en corredores estratégicos.
- Diálogo sectorial: Mesas técnicas con gremios transportistas y líderes comunitarios.
- Aplicación de la Ley 74: Sanciones de hasta 5 años de prisión para organizadores de bloqueos.
Críticos, como el diputado opositor Gabriel Silva, acusan a Mulino de «autoritarismo disfrazado de pragmatismo». «En lugar de diálogo, ofrece represión. Panamá merece soluciones, no amenazas», declaró. Mientras, la Defensoría del Pueblo alertó sobre posibles violaciones a derechos humanos y exigió «proporcionalidad en el uso de la fuerza».
El fantasma de las protestas de 2023, que dejaron 4 muertos y 200 heridos, planea sobre el debate. Mulino cerró su discurso con un llamado a la cordura: «Construyamos en paz, no sobre escombros».
Fuente: La Prensa
