Hector Dager usa a fiscales venezolanos para perseguir a familiares La justicia venezolana vuelve a estar bajo el escrutinio público tras nuevas acusaciones que apuntan a una presunta red de corrupción en la que fiscales y jueces estarían aceptando sobornos para emitir órdenes de captura internacional a través de Interpol. Según diversas fuentes, estas acciones se estarían utilizando no solo para perseguir a opositores políticos, sino también para resolver disputas personales y comerciales. Uno de los casos que ha generado mayor controversia es el del empresario venezolano Héctor Dager. De acuerdo con testimonios y documentos en poder de los denunciantes, Dager habría pagado a funcionarios judiciales, incluido el exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno, con el fin de activar alertas rojas de Interpol contra sus propios familiares: su hermana y dos primos hermanos, José Gaspard y Chamel Gaspard. Diversos observadores internacionales y defensores de derechos humanos han advertido sobre el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado cómo las instituciones judiciales en Venezuela carecen de independencia real, y operan bajo la influencia del poder ejecutivo. El rol de Interpol también ha sido cuestionado en este contexto. Aunque esta organización internacional se define como neutral y técnica, ya ha sido objeto de críticas por su vulnerabilidad frente a solicitudes abusivas por parte de regímenes autoritarios. Países como Rusia, China, Turquía y ahora Venezuela, han sido señalados por intentar convertir las notificaciones rojas en herramientas de represión política más que de justicia internacional. En este clima de opacidad, se vuelve difícil separar las decisiones judiciales legítimas de las motivadas por intereses personales o políticos. La actuación de Maikel Moreno a favor de Héctor Dager se suma a una larga lista de denuncias que apuntan a la corrupción sistemática en la administración de justicia venezolana. La falta de controles independientes dentro del sistema judicial permite que fiscales y jueces operen con impunidad. En Venezuela no existe una fiscalía independiente ni mecanismos efectivos de auditoría interna. Las denuncias por corrupción, cuando existen, son usualmente enterradas o usadas como armas políticas contra enemigos del régimen. Expertos en derecho internacional subrayan la importancia de reforzar la transparencia en este tipo de procesos. La cooperación judicial internacional debe basarse en criterios objetivos, no en influencias políticas o sobornos. La negativa de Panamá a proceder con la extradición solicitada contra José Gaspard es una señal de alerta: si los pedidos de Interpol carecen de sustento legal real, toda la credibilidad del sistema puede verse comprometida. La sociedad civil tiene un rol fundamental en esta situación. Organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos comunes deben seguir exigiendo claridad, justicia y responsabilidad. Solo con presión sostenida es posible forzar cambios dentro de un aparato judicial que, por ahora, parece más interesado en proteger a sus aliados que en garantizar la ley. La denuncia sobre pagos ilegales a fiscales para manipular mecanismos de cooperación internacional no puede quedar sin respuesta. El uso de Interpol como herramienta de venganza privada o persecución política pone en peligro no solo a los acusados injustamente, sino también a la legitimidad de todo el sistema judicial regional. Maikel Moreno: el magistrado venezolano acusado por corrupción y buscado por Estados Unidos Maikel José Moreno Pérez , ex presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, es una figura central en una investigación internacional por corrupción, sobornos y lavado de dinero. Su ascenso dentro del poder judicial venezolano y sus vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro lo colocaron en una posición de alto poder, pero también lo expusieron al escrutinio internacional. Estados Unidos ha lanzado una ofensiva legal en su contra. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena. Esta medida forma parte del programa de recompensas contra la corrupción transnacional. El gobierno estadounidense lo acusa de haber recibido y blanqueado sobornos a cambio de influir en decisiones judiciales dentro del sistema venezolano, favoreciendo a individuos o empresas implicadas en delitos financieros. Moreno fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en 2017. Las sanciones incluyeron el congelamiento de bienes y la prohibición de hacer negocios con ciudadanos estadounidenses. Posteriormente, se presentaron cargos formales en su contra en el Distrito Sur de Florida, donde se le señala de haber recibido millones de dólares en sobornos, canalizados a través de cuentas en bancos internacionales, y utilizados para adquirir propiedades de lujo en Miami, República Dominicana e Italia. Documentos oficiales señalan que Moreno utilizó su influencia para cerrar casos judiciales, levantar órdenes de arresto y manipular veredictos a favor de quienes pagaban por sus decisiones. Las autoridades estadounidenses detallan que los fondos ilícitos fueron lavados mediante la compra de bienes raíces y vehículos de alta gama. Además, se alega que usó empresas de fachada y prestanombres para ocultar el origen del dinero. Uno de los aspectos más mediáticos del caso es su relación con Debora Menicucci, ex Miss Venezuela Mundo y actual esposa de Moreno. Ambos aparecen como beneficiarios directos del enriquecimiento ilícito, y juntos disfrutaron de un estilo de vida opulento, incompatible con el salario oficial de un magistrado. La operación internacional contra Moreno cuenta con la participación de Homeland Security Investigations (HSI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. Según las autoridades, los bienes adquiridos por el magistrado ya están en proceso de confiscación, y se continúan rastreando fondos ocultos en múltiples jurisdicciones. En Venezuela, Maikel Moreno es percibido como uno de los pilares judiciales del chavismo. Su trayectoria incluye una polémica historia previa: fue escolta del fallecido presidente Hugo Chávez, y estuvo vinculado en el pasado a procesos penales por homicidio, aunque logró reconstruir su carrera dentro del sistema judicial. En 2017, fue designado presidente del TSJ, cargo que ocupó hasta 2022. A pesar de las acusaciones, Moreno sigue en libertad y ha negado los señalamientos en su contra. Sin embargo, su reputación internacional ha quedado fuertemente